La función principal consiste en ofrecer asesoramiento y representación legal integral a personas que solicitan protección internacional y temporal, debido a persecuciones, violencia o temores fundados de sufrir daños graves en sus países de origen. Esto incluye una orientación jurídica individualizada y detallada, gestionando toda la documentación necesaria y tramitando los procedimientos legales prioritarios. El cualificado acompañará, cuando sea requerido, a las personas a oficinas de extranjería, comisarías, juzgados y otras instancias oficiales para facilitar los trámites.

Se realizará un seguimiento continuo y meticuloso de cada expediente, incluyendo renovaciones de documentación, resoluciones administrativas, plazos legales y la preparación de posibles recursos. Es fundamental registrar todos los avances y resoluciones jurídicas en los sistemas informáticos del programa, garantizando la trazabilidad y actualización de la información. Otra actividad clave es el diseño e impartición de talleres formativos para las personas beneficiarias, abordando temas esenciales como los procedimientos de protección internacional, derechos y deberes legales,



acceso a la vivienda y procesos de regularización administrativa, asegurando que la comunicación sea clara, accesible y adaptada al perfil del colectivo.

El puesto requiere una participación activa en reuniones interdisciplinarias y técnicas del recurso, así como en encuentros, jornadas y comisiones organizadas por entidades públicas o sociales. Se mantendrá un contacto fluido con defensorías, servicios jurídicos de otras organizaciones, colegios profesionales y diversas entidades del sector. La colaboración con el equipo jurídico del programa y la participación en redes de trabajo es un aspecto fundamental de la labor.

Además, se brindará apoyo en trámites legales y administrativos vinculados al dispositivo de acogida y se formará parte del sistema de atención a emergencias, lo que incluye la realización de guardias telefónicas y la intervención en situaciones de urgencia legal o emocional. Se debe garantizar el cumplimiento estricto de los plazos establecidos para todas las gestiones, seguimientos, registros y derivaciones, actuando dentro de los marcos temporales definidos por el programa.

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