La posición se centra en ofrecer asesoramiento y representación legal especializada a personas que buscan protección internacional y temporal. Esto incluye a individuos que huyen de persecución, violencia o que tienen temores fundados de sufrir daños graves en sus países de origen. El trabajo implica gestionar integralmente el dispositivo de atención para asegurar que se cubran adecuadamente las necesidades legales y administrativas de las personas atendidas.

Las funciones principales abarcan desde la provisión de información jurídica actualizada y comprensible hasta el acompañamiento personalizado en todos los trámites. Se realizarán entrevistas jurídicas iniciales y de seguimiento, creando espacios de confianza y escucha activa. Además, se asistirá en la gestión documental y tramitación de procedimientos legales prioritarios como solicitudes de protección internacional, NIE, empadronamiento, TIE y arraigo.

El rol también requiere diseñar e impartir talleres educativos para las personas beneficiarias, abordando temas principal como derechos y deberes,



acceso a la vivienda y regularización administrativa. La comunicación en estos talleres debe ser clara, accesible y adaptada al perfil del colectivo. Se participará activamente en reuniones interdisciplinarias y técnicas del recurso, así como en espacios de coordinación del área jurídica del programa.

El mantenimiento de contactos con defensorías, servicios jurídicos de ONG y colegios profesionales es una parte esencial del trabajo. También se brindará apoyo en trámites legales y administrativos vinculados al dispositivo, como notificaciones a arrendadores, contratos y gestiones con la administración. La participación en reuniones, jornadas y foros organizados por entidades públicas o sociales completa el alcance de las responsabilidades.

El objetivo final es garantizar una intervención jurídica de calidad que promueva la autonomía y los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.

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