El puesto implica la prestación de apoyo jurídico integral en el ámbito del urbanismo dentro de una administración pública local. Las responsabilidades abarcan desde el análisis y redacción de informes técnico-jurídicos sobre expedientes administrativos hasta la representación y defensa de la entidad en procedimientos contenciosos.

Se requiere una constante actualización en normativa estatal, autonómica y local, así como en jurisprudencia aplicable, para garantizar la correcta tramitación de los asuntos. El cualificado colaborará estrechamente con los responsables técnicos de los distintos procedimientos, resolviendo consultas y aportando soluciones jurídicas viables que aseguren la legalidad de las actuaciones municipales. El entorno de trabajo es dinámico,



exige capacidad de análisis, síntesis y redacción, y ofrece la oportunidad de contribuir directamente al desarrollo urbano ordenado y sostenible del municipio.

La labor se enmarca en un departamento especializado, donde la precisión y el rigor en el asesoramiento son fundamentales para prevenir riesgos legales y gestionar eficientemente los recursos públicos. La posición demanda un perfil meticuloso, con gran capacidad de organización y gestión documental, así como habilidad para trabajar bajo presión en un entorno administrativo complejo.

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